SFP Zacatecas | Comunicación Transparente -colaboración semanal-









Comunicación Transparente -colaboración semanal-

background

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AVANCES Y PERSPECTIVAS

Por Ana Lilia GONZÁLEZ MONCADA (*)


Hace 12 años, México se insertó en las nuevas tendencias de la gestión administrativa, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue en ese tiempo un modelo a seguir, ya que además de ser un ordenamiento bien estructurado desde la óptica de la técnica jurídica, establecía un importante parteaguas en la forma de hacer gobierno.
 
Por vez primera, existía una disposición ex profeso (puesto que el artículo 6° constitucional ya contemplaba el derecho a la información) o Ley Reglamentaria que establecía por una parte, el derecho para la ciudadanía de conocer información que durante siglos estuvo bajo el monopolio de las instituciones y de los servidores públicos y, simultáneamente  se generaba una obligación por parte de los funcionarios de hacer valer ese derecho a la población.ace 12 años, México se insertó en las nuevas tendencias de la gestión administrativa, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue en ese tiempo un modelo a seguir, ya que además de ser un ordenamiento bien estructurado desde la óptica de la técnica jurídica, establecía un importante parteaguas en la forma de hacer gobierno.

En estos 12 años, han ocurrido cambios importantes en la materia, puesto que cada entidad federativa dispone hoy en día de una Ley que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer la información que es de interés público. Por otra parte,  la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido reformada de manera sustancial en su artículo 6°, precisamente el que refiere al derecho de acceso a la información.

Estas reformas consisten en la incorporación del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como un medio válido e ineludible para la difusión de información, la protección de la vida privada y los datos personales, la exigencia de la preservación de documentos en archivos administrativos actualizados por parte de las entidades públicas,  la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de la ley y clarificaron la naturaleza jurídica, procedimientos, alcance de las decisiones e injerencia del órgano garante de la federación, esto es, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, siendo estas últimas las más amplias modificaciones.

Tales reformas, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación  en fechas 20 de julio del 2007, 11 de junio del 2013 y 7 de febrero del 2014.

Las entidades federativas por su parte, realizan esfuerzos por alinear sus leyes a la reforma constitucional, a la vez que han creado Órganos Garantes tales como Institutos, Comisiones, Consejos, entre otras denominaciones, cuyo objetivo en última instancia es el mismo: asegurar que el derecho a la información y a la protección de los datos personales se cumpla. 

Todo este diseño institucional representa sin duda un avance importante en la materia, puesto que antes de 2002 la transparencia, el derecho de acceso a la información e incluso la rendición de cuentas eran términos vagamente conocidos y asimilados en México, por lo cual tampoco existían disposiciones orientadas a garantizar tales derechos. 

Lo cierto es que hoy, a más de una década desde que fue posible ejercer por vez primera el derecho de acceso a la información en México, vale la pena señalar las que, desde una óptica particular, continúan siendo las grandes asignaturas pendientes:

1. Necesidad de la apropiación del derecho a conocer información por parte de la ciudadanía, la transparencia debe dejar de ser un tema de las élites intelectuales o de grupos con intereses concretos.

2. Creación de un vaso comunicante entre la transparencia y la participación ciudadana.

3. Garantía de la protección de los datos personales en el contexto de la era digital.

4. Diseño de disposiciones en materia de preservación, digitalización y actualización de archivos.

5. Desarrollo de estrategias que permitan elevar la calidad y utilidad de la información.

6. Armonización de los sistemas de información actuales con las tendencias de Open Data y

7. Diseño de planes de acción orientados a democratizar la información.

Todo ello con la finalidad de que el acceso a la información, sea un punto de partida real y efectivo no sólo para el fortalecimiento de la democracia participativa y la gobernanza en México, sino también para el desarrollo social. Lo anterior en tanto que constituye un derecho humano, cuya utilidad pareciera aún no ser totalmente reconocida por la ciudadanía.

*Directora de Contraloría Social en la Secretaria de la Función Pública